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#EF04 | Que el banco no te robe más

Hacemos hoy una breve parada de avituallamiento, una parada para tomar aire, para intercambiar opiniones, para aprender. Hoy, nos bajamos en una parada donde las gentes que allí viven han sabido frenar los abusos bancarios, donde sus tierras, viviendas y zonas de esparcimiento son colectivas. Hoy, en este breve periplo, mucho aprenderemos sobre qué hacer, cómo, donde y cuando para evitar ser robados una vez más por uno de los máximos exponentes del sistema capitalista depredador en el que vivimos hoy en día, los bancos.

En esta estación, nuestro colaborador, Íñigo Urresti, se entrevistará con dos especialistas en la materia, Dacia Alonso, Presidente de la Unión de Consumidores de Asturias y Jesús Iglesias, Abogado y exsenador de Izquierda Unida.

Situación actual de las cláusulas suelo

Actualmente, varios tribunales tanto españoles como europeos han alumbrado sentencias contrarias a la legalidad de las cláusulas suelo abusivas, pero ¿qué son? ¿Cuáles son esas cláusulas?

La sentencia del Tribunal Europea es la más reciente y la de mayor calado a la hora de que los afectados puedan articular unas respuesta eficaz ante los bancos. “El Tribuna europeo le da una importancia grandísima. Ha considerado a las cláusulas suelo como un problema público”, afirmó Alonso al referirse al inicio de su intervención a la labor independiente y justa llevada a cabo por el tribunal europeo. A su modo de ver, esta sentencia tendrá una mayor trascendencia en otros sectores o colectivos, refiriéndose a contratos abusivos de empresas de seguros, operadores de telefonía, etc. “Han dejado claro que, si una cláusula es abusiva, los es desde el primer momento, desde que se firma el contrato y debe devolverse íntegra”, afirmó ante las múltiples interpretaciones que los bancos quisieron hacer sobre la sentencia europea y su retroactividad o no.

A parte de las cláusulas suelo abusivas, se han imputado gastos que no deberían a los damnificados por esta situación. Unos directos, tales como los referidos a la concertación de la hipoteca, los notariales, los registrales y luego, con un poco menos de certeza jurídica en este momento la repercusión del impuesto de datos jurídicos documentados. “Todos estos impuestos garantizaban el dinero de quién prestaba, de la entidad financiera” afirmaría Iglesias, aludiendo a que esos gastos pagados por el cliente, no eran en su propio beneficio, sino que redundaba en de la entidad prestataria, el banco, sin ningún tipo de lógica salvo la de beneficiar a la parte bancaria en una lucha desigual.

¿Qué expectativas y opciones reales tienen los ciudadanos para poder recuperar su dinero? Preguntó el moderador. “Una sentencia fantástica, que tiene su mérito, de poco servirá si no alcanza a la mayoría de la gente afectada” esgrimió Alonso evidenciando que, a través de un Decreto Ley primero y de una Ley después, el Gobierno español, plantea una vía extrajudicial, de obligatorio cumplimiento para los bancos y voluntaria para los ciudadanos, por la que los bancos tenían un mes para habilitar todos los mecanismos estables para que los ciudadanos pudieran hacer sus reclamaciones y este les conteste, algo que aún está por ver. “Los bancos, según respondan, tienen una oportunidad de restañar la credibilidad y cierto prestigio con la ciudadanía después de tantos abusos” señaló en lo que a una posible actuación acorde a la sentencia europea, por parte de los bancos, podría generar.

Para llevar a cabo este proceso, los ciudadanos deberán dirigirse a los bancos y comenzar los trámites, que son gratuitos y, una vez el banco recepcione la petición del cliente, ha de estudiarla y remitirle una contestación con las cuantías que estimarían que debería devolver y que podría ser muy arbitraria ya que la ley da mucha capacidad de interpretación subjetiva a las entidades para intentar zafarse de los pagos.

Para Jesús Iglesias, el problema sigue siendo el mismo a pesar de la labor del Tribunal de Luxemburgo en este momento particular, ya que “la entidad financiera sigue teniendo su poder y no lo ha perdido y el Real Decreto – Ley 1/2017, corresponde a esa realidad porque los ciudadanos no tienen más remedio de seguir ese procedimiento si quieren tener alguna mínima garantía en el caso de poder recuperar su dinero”. Quiso profundizar en la labor real del nuevo RD que, según él, no viene a “ejecutar” específicamente lo dicho por el Tribunal europeo, como haría cualquier país, por el que los bancos devolvieran a todos sus clientes, en un plazo determinado y de manera automática las cantidades referentes a las cláusulas suelo abusivas y que si el cliente, una vez devuelto el importe, no estuviera de acuerdo con lo devuelto, tuviera una oportunidad posterior de acudir a los tribunales, habiendo sido resarcido, al menos, en gran parte del dinero perdido. “Eso no es lo que permite el nuevo RD. Éste permite a las entidades jugar con la necesidad de la gente, sabiendo la situación económica por la que pasan sus nuevos acreedores, en muchas ocasiones de penuria o crisis”. Esto permitirá a los bancos realizar ofertas a quiénes peor estén, ofreciéndoles cantidades inferiores, teniendo como resultado que, como casi siempre, la banca gane.

Dacio Alonso no quiso olvidar una de las actuaciones más rocambolescas del entonces gobierno en funciones de Mariano Rajoy, cuando un responsable del Banco de España acudió al Tribunal europeo, presionado por el Gobierno, para informar de que si se aplicaba la total retroactividad de las cantidades derivadas de las cláusulas suelo, el sistema bancario español quebraría. “En el Tribunal Europeo, el Gobierno actuó como la Patronal bancaria, no como un gobierno de todos, le hayan o no votado. Además esa ley, cuando se convalidó, se haría con la connivencia de Ciudadanos y PSOE. Alguien tendría que explicar el porqué”.

La amenaza del coste a la economía nacional

Para, hasta cierto punto, amedrentar, se ha utilizado de manera consciente el miedo, además de la no obligatoriedad de informar de quién tiene o no cláusula suelo en su hipoteca. Ese miedo ha calado desde las iniciales posiciones del gobierno en el Tribunal europeo, hasta las afirmaciones vertidas en los medios sobre el que pasaría si todos quiénes se han visto afectados por las clausura suelo, reclaman la retroactividad a sus entidades bancarias.

“La amenaza más sutil es que, si no se acepta la oferta del banco y hay que ir a los tribunales, todo se va a dilatar. La reflexión que debemos hacer es que los bancos lo cobraron previamente y dispusieron como quisieron del dinero de esos ciudadanos antes”, afirmó Iglesias. A su vez, quiso hacer hincapié en que con la promulgación del RD, se quiere hacer pensar que todo se ha acabado y está en orden, cuando no es así. “La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea deja en evidencia tres graves cuestiones: que tenemos un sistema bancario depredador, que tenemos una legislación hipotecaria redactada hace más de 100 años al servicio del que presta y que el cuerpo legislativo que debería defender a los consumidores, son ilusorias” sentenció, alabando la labor del Tribunal europeo frente a los españoles.

Unido a esto, Alonso quiso aumentar el prisma de la sentencia europea, circunscribiéndola no solo al ámbito bancario o español, sino al europeo, ya que es el germen para dotar a los ciudadanos de mayores mecanismos de defensa de sus derechos frente a las empresas y que reaviva la llama de una justicia realmente independiente de los poderes políticos que lo intentan presionar. “Lo que ha pasado aquí, no ha pasado en ninguna parte del mundo. Los bancos se han cebado con quiénes tenían pequeños ahorros y se hipotecaban, adquiriendo productos que no eran más que humo a través del cual les ataban a intereses y condiciones ínfimas, apostilló.

¿Cuáles son las soluciones?

Estando claro el impulso de la sociedad civil, Urresti preguntó a los contertulios por la necesidad de medidas políticas efectivas y por más métodos para que los ciudadanos puedan enfrentarse con garantías a los abusos bancarios.

“Hay que afrontar una reforma legislativa profunda de todas las normas que permitieron que se llegara a esta situación” respondió Jesús Iglesias a la pregunta del moderador. También se preguntó por los reguladores, es decir, todos los Gobiernos que ha habido, el Banco de España, La Comisión Nacional del Mercado de Valores y otros organismos y poderes públicos que deberían de velar por el cumplimiento y la legalidad de los productos bancarios y que en ninguno de sus informes exponían la realidad de estos productos bancarios (cláusulas suelo, preferentes, etc.) que abusaban masivamente de sus clientes. En el marco legal, abogó por un cambio que de mayor protagonismo a las organizaciones de protección de consumidores, así como por una reforma profunda de las instituciones que se suponen, debe de velar por los intereses de los ciudadanos y no de la empresa o el sistema financiero, impidiendo que se den manera continuado atracos como al que nos han sometido en los últimos años. “Somos la España de las oportunidades, pero para unos pocos. Para las eléctricas y las grandes entidades financieras que abusaron de los consumidores porque el marco legal lo permitía y los poderes públicos eran cómplices, en el caso de la banca, con tintes incluso, de crimen organizado”. Sentenció.

Enlazando con el último comentario de Jesús Iglesias, Alonso quiso remarcar que la protección de consumidores nunca está ni en la agenda política ni en la pública, no formando parte de las prioridades de ningún partido que haya estado en el gobierno. Reconoció que puede haber leyes que hablen sobre ello, pero muy mejorables y, lo peor de todo es que ni las leyes se cumplen. “Hay ámbitos destinados al ámbito autonómico y municipal, pero las partidas presupuestarias para políticas de protección de consumidores no existen. No hay nada de nada”, afirmó recalcando que, en un sistema de mercado, hay dos partes pero siempre una que manda, que es el oferente, donde el consumidor acaba siendo la víctima y donde “pocas veces David gana a Goliat”. Ambos ponentes remarcaron el “derecho de pernada” que realmente tiene la banca en este país, donde tiene vías de procedimiento exclusivas para hacer lo que ellos quieran, como las ejecuciones hipotecarias, los desahucios, la gestión irresponsable del crédito recayendo luego los problemas en el consumidor y no en quién ha permitido el hecho de manera consciente, etc., es decir, en palabras de Dacio Alonso, “es lo que pasa con las crisis; dinero rápido, sin medir las consecuencias que luego acaban repercutiendo como una pesada mochila en los consumidores por el resto de su vida”.

Debemos hacer una última reflexión a modo de crítica sobre las cláusulas suelo. ¿Cuánta gente habría logrado pagar la hipoteca de su vivienda tranquilamente sin el recargo del 300 % o 400% que representan las cláusulas suelo y sus gastos derivados? ¿Cuántos desahucios no se hubieran dado?

“Tenemos que aclararle a la gente que no tema ni tenga pena por el banco que le expolió, que ese dinero es suyo y debe recuperarlo”, cerró Jesús Iglesias su intervención en un claro alegato que anima a reclamar a todos los damnificados por las cláusulas suelo abusivas de los bancos.

Finalizadas la charla con nuestros ponentes, nuestra locomotora comienza su marcha una vez más, con los vagones cada vez más llenos de experiencias, de aprendizajes, de luchas, de conocimientos y de solidaridad, que sean el combustible necesario que la ayuden a vencer la larga distancia que recorre en pos de un nuevo modelo de sociedad.

David Santirso Ruiz


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